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GOBIERNO DE ESPAÑA LUGAR/DÍA/HORA: Senado de España Plaza
de la Marina Española, s/n Madrid
28/09/2000 13:00 h ENTREVISTA CON: Ilma. Sra. Doña Montserrat Gil Guillaumet Asesora del Secretario de Estado de Justicia POR LA FAT/CTC: María José Hernández (Presidenta de la FAT) Joana
López Roldán (Presidenta del CTC) Olalla
Cruz Fernández (Secretaria del CTC) Natalia
Parés Vives (Tesorera del CTC) (Vicepresidenta de FAT) Yliana
Sánchez Pérez (Directora de BSTc) (Secretaria de AISIOS) RESUMEN: Presentar los Proyectos más
relevantes de la FAT del CTC y abordar con el Ministerio de Justicia los
aspectos relacionas en materia legal sobre una posible Ley de Identidad de
Género que recoja los derechos de las personas transexuales. CONTENIDOS DE LA REUNIÓN: Tras presentar a los miembros del CTC y de la
FAT, asistentes a la reunión, se exponen los hechos que, desde el CTC creemos,
necesarios para regular la actual situación. Se expone que, existiendo las Recomendaciones
1117/1989 del Consejo de Europa y de la Comisión de Peticiones Parlamento
Europeo de 19 de julio de 1989 instando a los Estados Miembros de la Unión a
que sus legislaciones reconozcan la realidad de la transexualidad y luchen
contra la discriminación aportando respuestas que respeten los derechos
fundamentales de estas personas, nos parecía increíble que después de once años
la situación no haya cambiado. Consideramos que el Gobierno debe
involucrarse, ya que la mayor parte de la discriminación que recibe una persona
transexual se debe, precisamente, a la inexistencia de una Ley que regule, y es
este vacío legal el que obliga al transexual a operarse, quiera o no, para
obtener una sentencia judicial favorable de cambio de sexo. El Proyecto de Ley presentado por el CTC
pretende "modernizar la Justicia, en poner la Justicia a la altura del
proceso de modernización que vive España, conseguir una Justicia independiente,
rápida y eficaz". Con este Proyecto, se pretende regular una
circunstancia ya regulada en otros países de la Unión Europea con legislaturas
de más de veinte años que no obstante comienzan a quedar obsoletas. Al margen, de los aspectos generales que se
exponen se tratan otros puntos más específicos. 1. Identidad de la persona en el DNI. Se
explica cual es la situación actual que vive un transexual en el Estado Español
y que si quiere ver reconocida su identidad, su nombre y su sexo, ha de seguir
un camino muy largo y costoso donde sólo después de varios años de haberse
sometido a una cirugía genital podrá aspirar a disfrutar. Creemos, además, que la imposibilidad que
la persona transexual pueda cambiar su nombre, por uno acorde a su sexo sentido,
es un hecho que actúa contra la discriminación en general y, específicamente,
en el ámbito laboral. Son innumerables las situaciones que por
este hecho ponen en evidencia la transexualidad del individuo, divulgando datos
confidenciales sobre las patologías clínicas o enfermedades que a tenido un
sujeto, y que representa un atentado contra esa confidencialidad. Datos que
última instancia se deberían salvaguardar y formar parte de la intimidad de los
individuos. Además, el nombre de la persona es el factor
más vital y decisivo en la personalidad y en la identidad de la vida cotidiana
del individuo para un correcto desarrollo social. Así, bajo la situación
actual, el transexual vive constantemente desmentido en su vida cotidiana por
la situación de indocumentación de su persona, que favorece su marginación o
incluso es la causa principal de su exclusión social; en este sentido creemos,
firmemente, que el Estado, vía su legislación, se presenta como el factor más
visible que origina esa exclusión dificultando ese desarrollo personal, cuando
es un derecho recogido por nuestra Constitución. Creemos que la conducta que tiene el
Estado, sin dar solución a la presente situación, es tomada como conducta
social por la población utilizándose como argumento represivo y discriminador. Pedimos. Que el Ministerio de
Justicia publique un Real Decreto con el que se permita adoptar el verdadero
nombre en el Documento Nacional de Identidad, acorde con la verdadera identidad
de la persona, bien sea porque se ha concedido formalmente o porque se permita
mantener una doble equivalencia entre el nombre legal y el nombre real en los
archivos del Registro Civil (nombre de uso, alias, diminutivos, motes). 2. Tema del sexo en DNI. Creemos
firmemente que es la propia persona la que, con su aspecto y conducta,
determine su verdadera identidad sexual y no lo que ponga un papel. Además, en una sociedad de igualdad de
derechos entre sexos no tiene ningún objeto mantener ese dato irrelevante e
innecesario ya que carece de utilidad práctica, como no sea para fines
discriminatorios y represivos aunque sea para personas transexuales. Pedimos. Que este Ministerio de
Justicia, de quien es competencia que se incluya o suprima algún dato de carácter
registral en el DNI, permita la supresión de la identidad del sexo
("V" o "M") en ese documento, expido por el Ministerio del
Interior, y que se manifiesta como elemento intimidador y factor discriminante
en el ejercicio de las libertades dimanadas del género de las personas. 3. Situación laboral. Se
explica la fuerte presión que nuestro colectivo recibe al querer incorporarse
al mundo laboral: despidos, etc... ello conduce a que muchos y muchas
transexuales, para eludir un despido al descubrirse su situación transexual,
pidan trabajar sin alta en la Seguridad Social burlando así la Justicia por la
inexistencia de una Ley reguladora. Creemos que el Gobierno debiera tomar las
iniciativas oportunas para solucionar esa situación, además de aportar los
medios y recursos para facilitar el acceso al mundo laboral de los colectivos
que, como el nuestro, está en situaciones especialmente desfavorables. En este sentido se expone que nuestra
asociación a establecido contacto con la "Conselleria de Treball" de
la Generalitat de Catalunya para determinar estas iniciativas y con la que
nuestra asociación trabajará de forma conjunta. Pedimos. Que el Ministerio de
Trabajo establezca un convenio con el CTC y la FAT en la que se pueda dinamizar
las medidas para garantizar la inserción laboral. Estas medidas podrían ir
desde: una campaña de sensibilización, en la que el Ministerio inculque al
empresario que la transexualidad no debe ser un factor decisivo para determinar
la capacidad laboral del individuo; otra medida a propuesta sería que el
empresario tuviera algún beneficio fiscal por el hecho de tener esta persona en
su plantilla laboral, beneficio que podría aparecer con el diagnóstico clínico
de transexualidad aunque con fecha límite sin ser éste de carácter vitalicio;
el Ministerio de Trabajo podría actuar como intermediario entre el trabajador y
el empresario para evitar, justamente, la discriminación laboral; etc. 4. Justicia gratuita. Partimos
de la injusticia que supone para un transexual tener que plantear una demanda
contra el Estado para ver reconocidos su derechos, cuando tendría que estar
reconocido de entrada; en este sentido, se explica que en Inglaterra, por
ejemplo, antes de ingresar en una clínica de género, se han de tener los
documentos legales de cambio de sexo, justo al contrario que aquí. Entendemos, también, que no es justo que
el coste de este proceso, responsabilidad exclusiva del Estado por la
negligencia en sus deberes como gobernantes, recaiga plenamente en los
transexuales que son las víctimas. Pedimos. La inclusión
automática de todos los procesos de demandas por cambio de sexo, si así se
solicita, en los capítulos de justicia gratuita, sin ninguna otra formalidad
administrativa. 5. Proceso judicial, atención a los detenidos y
situación penitenciaria del transexual. Creemos que el
Gobierno está de acuerdo con el principio general que CIU defendió en su día en
el Congreso de los Diputados en el sentido que los transexuales sin cambio de
sexo legal reconocido han de ser ingresados, en la medida de lo posible, en los
centros de reclusión que corresponden a su sexo sentido. Por otro lado, y por la información de la
que disponemos en algunos casos, nos da que pensar que la transexualidad se
considera como un agravante, como una provocación por parte del detenido, sin
que éste reciba ningún beneficio penitenciario y que a menudo se castiga al
transexual sin tener en cuenta la grave situación social que sufre: en cambio,
la demanda de un trato justo del transexual es un derecho inalienable. Se explica que nuestra asociación a
establecido un primer contacto con la Dirección General de Prisiones en
Catalunya para abordar todos estos temas. Pedimos. Una confirmación
oficial de la postura del Gobierno sobre el tema de los transexuales y su
reclusión en prisiones. Información de la situación pasada y presente de los
transexuales en las prisiones del Estado. Exponemos al Gobierno que considere
la situación social que vive la comunidad transexual y le ofrecemos nuestro
servicio, como organización, para apoyar a estos detenidos y supervisar sus
derechos; en este sentido, se expone que el Gobierno debiera proporcionar los
medios materiales y la colaboración para prestar este importante servicio. El
Ministerio de Justicia debería indemnizar a todas aquellas personas que, por
motivos de su transexualidad, hayan sido detenidas por la ley de peligrosidad
social. 6. Derechos Civiles y apoyo a las asociaciones
como el CTC. El trabajo del CTC y de la FAT es difícil de llevar
a término porque como Colectivo sufrimos una situación de fuerte discriminación
y exclusión social. Se explica el grave comparativo que viene sufriendo el CTC
desde su fundación y registro en el año 1992-1993, sin recibir nunca ninguna
ayuda de la administración pública (local, autonómica o estatal) y que sitúa a
estas administraciones, justamente, como un sujeto más en la discriminación de
los transexuales. Pedimos. Subvenciones para los
proyectos del CTC y la FAT. Entregada copia del presente informe al Ministerio
de Justicia, junto con una copia con registro de entrada de este Ministerio
para uso del CTC. Firman los miembros de la FAT y del CTC
asistentes a la reunión. Madrid, 28 de septiembre del 2000 |